
Agosto de 2023
Podés descargarlo: 4. Pronunciamiento Conjunto – 40 años de democracia
Durante el presente año se están realizando elecciones democráticas en todos los niveles del Estado para cargos ejecutivos y legislativos. En este contexto, la Defensora nacional y los Defensoresprovinciales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, instamosa las fuerzas políticas, a los poderes ejecutivos y legislativos actualmente en ejercicioy a los que quedarán conformados una vez haya culminado el proceso electoral, a otorgarle absoluta centralidad y prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia en todas las políticas y planes de gobierno, consolidando los pisos de garantía de derechos ya alcanzados para quienesrepresentan un tercio de la población que vive en nuestro país.
La Defensoría nacional y las Defensorías provinciales, en el marco de nuestras competencias, velando por la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional,venimos advirtiendo la necesidad de avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias ratificados por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizados en nuestro cuerpo normativo, destacando la necesidad de bajarsignificativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales.
Expresamos con contundencia nuestra defensa irrestricta y nuestro rechazo a cualquier política o decisión de gobierno, que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país.
Desde esta Red de Defensores sostuvimos públicamente que el gran desafío es bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6% y 12,2% respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros.
Alertamos, además, que son las niñas, niños y adolescenteslas principales víctimas de las violencias, desde las institucionales hasta las intrafamiliares.En este sentido, las políticas de Estado, lejos de profundizar medidas punitivas sobre las y los más chicos, deben promover acciones que garanticen una vida digna libre de todo tipo de violencias.
No obstante, vemos con preocupación que, ante la ausencia de propuestas de campaña electoral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud, el deporte, el juego, el cuidado, entre otros, lo que toma estado público son discursos restrictivos, que proponen desconocer derechos como el de la seguridad social, la vida en familia,y la propia integridad física de las y los más chicos.
Existe un Acuerdo suscripto por organismos públicos especializados, Asociación de Magistrados, Ministerio Públicos de la Defensa, UNICEF, entre otros, y un amplio consenso con organismos de niñez, académicas y académicos sobre la necesidad de la derogación del Decreto-Ley 22.278 y de la sanción de una Ley de Justicia Juvenil que tal como lo dispone el Comité de los Derechos del Niño en su Recomendación al Estado Argentino en 2018, no debe reducir la edad mínima de punibilidad, ni endurecer las penas, debe garantizar que la privación de libertad sea la última ratio y por el menor tiempo posible, y promover alternativas a las medidas judiciales.
Alcanzar la garantía universal de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes implica reconocer, mantener y profundizar decisiones que alcanzaron resultados positivos, así como identificar lo que aún falta por hacer y diseñar políticas en ese sentido.
En este sentido, deben sostenerse y profundizarse los acuerdos como el logrado en el Consejo Federal de Educación sobre el calendario de 190 días de clasesque es un imperativo garantizar y la conectividad.La ampliación de las Becas Progresar a adolescentes de 16 y 17 sostiene las trayectorias educativas de más de 500.000 adolescentes en nuestro país, lo cual indica que debe mantenerse como política de Estado y ampliarse hasta incluir a las y los adolescentes de 15 años.
La agenda de temasde un plan de gobierno debería incorporar también cuestiones vinculadas a la inclusión de las niñas y niños con discapacidad, aquellos que se encuentran en condición de movilidad humana, la interculturalidad y la diversidad étnica.
Es indispensable que el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesgeneren condiciones para que se designendefensoras y defensores de derechos de niñas, niños y adolescentes en todas las jurisdicciones del país donde aún no exista tal institución, independientes, autónomas y autárquicas.
La democracia es con las chicas y los chicos. Todas estas acciones debenimplementarsecon la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. No hay democracia plena sin ellas y ellos ejerciendo su ciudadanía, enriqueciendo con sus miradas y saberes los procesos en los que se toman decisiones que atañen a sus vidas.
Los responsables de conducir los destinos del país tienen la obligación ética y jurídica de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual deben establecer una agenda de acción proactiva y evitar la regresión sobre los logros obtenidos.
Las Defensoras y Defensores, que conformamos esta Red, desde nuestro rol, trabajaremos en la formulación de propuestas, el seguimiento y monitoreo, exigiendo el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para consolidar los avances logrados en 40 años de democracia.
Tenemos la oportunidad de construir un proyecto colectivo de Nación, de soberanía y de futuro que establezca lazos intergeneracionales y reconstruya vínculos sociales que nuestro país necesita para cuidar, proteger y sostener la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes de manera digna, plena y feliz.