
Los Defensores de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes de Misiones, Santa Fé, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa remitieron una carta al presidente de la nación, Mauricio Macri, la finalidad de manifestarle su profunda preocupación por el estado de situación de la niñez y la adolescencia en el país. Copia de la misma fue remitida a la Comisión Bicameral de selección del Defensor Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y a la Presidenta del Senado.
Reforzar la inversión en protección social, avanzar en la designación de un Defensor de Niñas y Niños y Adolescentes –nombramiento que se espera desde hace más de 11 años– y no reducir un debate tan complejo como el de la seguridad a la necesidad de un proyecto de Ley Penal Juvenil que estipule la baja de edad de punibilidad, son los ejes de la carta dirigida al mandatario nacional.
En el marco de un complejo contexto económico como el que atraviesa Argentina, las Defensoras y Defensores le pidieron al mandatario “priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia ya que las crisis económicas producen un gran impacto en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, en aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad y se ven afectadas particularmente”.
Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la situación de pobreza en niñas y niños supera el 48% y un 33,8 % de esta población debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse. En tanto, un estudio de UNICEF Argentina reveló que el 48% de los NNyA argentinos son pobres. De acuerdo al relevamiento: entre los 0 a 17 años alcanzan un valor de pobreza 10 puntos por encima del registro de la población general (38%) y en números esto abarca a 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes.
“Ante estas alarmantes cifras la responsabilidad del Estado es doble: por un lado, ampliar derechos y prestar protección haciendo foco en aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, y, por otro lado, garantizar el presupuesto del sistema de protección integral infantil”, expresaron.
Retomando las recomendaciones emitidas en 2018 por el Comité sobre los Derechos del Niño al Estado argentino, defensores y defensoras exhortaron a que: