
En los últimos años, se han radicado en nuestro país más de 300 mil inmigrantes provenientes de Venezuela, un número importante ingresó por Puerto Iguazú y decidieron afincarse en la provincia de Misiones. Los niños, niñas y adolescentes (NNyA) representan un alto porcentaje del total y sus familias se encuentran en situaciones poco favorables.
Esta situación es atendida por la Fundación Arepa Viva que junto a diferentes asociaciones y organismos, como la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones, brindan acompañamiento y apoyo en las diferentes acciones que breguen por el bienestar de cada NNyA.
“Los NNyA entran en un esquema de atención familiar que denominamos SAB (Soporte de Asistencia Básica), que define las actividades y como se realizan los abordajes.” nos comentó José León Toro Mejías, Coordinador General de Programa Arepa Viva.
El trabajo de acompañamiento a través del SAB desde este punto se vuelve fundamental, como nos afirma José, “en principio acompañamos el proceso de radicación y refugio de la familia y nos centramos especialmente en los niños porque en Venezuela no tienen acceso al documento de identidad sino hasta los 9 años, durante todo ese tiempo se valen de su partida de nacimiento como pseudo documentación -pese a que este no es un documento que acredite su identidad en otros países del continente (y seguramente del planeta)-.” Por ende, se le presta principal atención a solucionar este punto con la mayor celeridad posible.
Así también, el esquema SAB prioriza acciones en ámbitos de salud y educación. Busca poner a disposición todos los mecanismos ofrecidos en nuestro país para que los NNyA crecer y formarse plenamente. Como bien nos aclara José, “Hemos procurado acercarnos a entes especializados en la niñez y adolescencia, el año pasado se realizó el primer acercamiento a la Defensoría que fluyó en el más estricto sentido de las alianzas y de los aportes institucionales para garantizar el goce y disfrute de los derechos de los niños.”
Actualmente, y en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19 y el dengue, la colaboración de la Defensoría consistió en asesoramientos puntuales y además de proveer útiles escolares para realizar las tareas de aquellos NNyA al cuidado de Arepa Viva.
En el último año, como nos aporta UNICEF, casi 50 millones de NNyA han cruzado fronteras o han tenido que desplazarse a la fuerza. Puntualmente, 28 millones, se ven forzados a huir de sus hogares por conflictos y por violencia. Del total se pueden separar tres grupos a nivel mundial: aquellos que abandonan sus hogares solos, los que cruzan fronteras engañados y por último aquellos que viajan para reunirse con sus familias.
¿Qué es la Fundación Arepa Viva?
El nombre de la Fundación Arepa Viva deviene de la representatividad que poseen las arepas para la identidad cultural y gastronómica de los venezolanos.
Como nos afirma su Coordinador General, “nace dentro de la gestión y padrinaje de la iglesia luterana para migrantes y refugiados desde la congregación San Pedro de la ciudad de Posadas.”. Es un programa de asistencia a venezolanos que presta atención, contención, asesoramiento, acompañamiento y orientación sobre rutas migratorias, radiación, inserción social, laboral, escolar, como también brinda apoyo, refugio y abrigo.
La fundación busca potenciar equipos de voluntarios para vincular a los recién llegados a las actividades socioculturales de la región y hacer la homologación cultural, cuestión que para los niños es relativamente sencilla, pero preservando la identidad cultural de los venezolanos.
Desde el año pasado, a través de un proyecto presentado en la Iglesia Luterana Americana, la fundación se extendió a Oberá, Puerto Iguazú, a Foz de Iguazú, y este año llegó a Corrientes.
La misma trabaja en red a nivel nacional con la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una organización de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a través de la construcción de prácticas y normas que favorezcan su integración en condiciones de justicia e igualdad desde 1973 en nuestro país.